La legisladora de Cambiemos está imputada por el presunto direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi. Le trabaron un embargo de un millón de pesos pero evitó la prisión preventiva.

La Justicia Federal de Resistencia, Chaco, procesó sin prisión preventiva a la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”.

Se trata de un expediente en que la legisladora nacional de origen radical es investigada por el supuesto direccionamiento y el presunto pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, durante dos años.

A partir de las pruebas recolectadas en la causa y las declaraciones y testimonios, la jueza federal Zunilda Niremperger entendió que fue una contratación “completamente viciada”.

Por su parte, el fiscal federal Patricio Sabadini, quien interviene en la causa, afirmó esta mañana que, en su condición de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, lo que hizo Ayala fue “bajar un programa con la condición de que las compras se hicieran en un polirrubro y con excesivos sobreprecios”.

Así fue que, según pudo determinar la investigación, a través de este programa, la Municipalidad de Quitilipi adquirió “desmalezadoras y herramientas que en el mercado tenían un costo de 400 mil pesos, por un valor cercano al millón de pesos, es decir de más del doble”, según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal en sus declaraciones a la señal de cable C5N.

Además, detalló que cuando efectivos de Gendarmería Nacional fueron a constatar qué había en el domicilio en el que figuraba la empresa a la que le realizaban las compras, encontraron “un taller de reparación de aires acondicionados”.

“Existen sobrados elementos que acreditan el modo irregular en que se habrían afectado los fondos aportados por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación una vez transferidos a la Municipalidad de Quitilipi”, argumentó la magistrada en el auto de procesamiento.

En este punto, entendió que, si se conjuga la “falta de realización del procedimiento correspondiente para efectuar la contratación, en este caso, una licitación pública”, con las “diferencias significativas entre los precios de mercado y los importes efectivamente abonados”, y otras pruebas, “no resulta excesivo afirmar” que se “encontrarían ante una contratación completamente viciada”.

Además de la diputada nacional Ayala, también fueron procesados -en todos los casos sin prisión preventiva- sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, y el empresario Claudio Tolosa.

Ayala dejó en diciembre de 2017 su cargo de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación para pasar a desempeñarse como diputada nacional por Chaco.

El pedido de desafuero de la diputada, solicitado por la Justicia, nunca llegó a ser tratado en al Cámara baja.

Fuente: Télam, Crónica