El juez de Dolores impuso además una caución de 20 millones de pesos y ordenó que entreguen sus pasaportes. El 29 de septiembre deberá declarar Arribas y al día siguiente Majdalani.

Gustavo Arribas, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, y su segunda Silvia Majdalani fueron citados a indagatoria en la causa de espionaje ilegal que lleva adelante en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla.

Arribas y Majdalani deberán cumplimentar una caución real de 20 millones de pesos y el magistrado ordenó además que la entrega de sus pasaportes. Su convocatoria como imputados es un tramo del caso relacionado a las bases que la AFI habría había instalado en el Área Metropolitana, el “proyecto AMBA”.

Las nuevas citaciones se ordenaron en la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. El 29 de septiembre deberá declarar Arribas y al día siguiente Majdalani.

Ramos Padilla amplió los procesamientos al ex comisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por “realización de acciones de inteligencia prohibidas” y procesó sin prisión preventiva a Pablo Pinamonti, un ex agente de AFI.

Los procesamientos se dan en un tramo del expediente en el que se investiga el denominado “proyecto AMBA”, que fue una red de espionaje desplegada por el entonces director Arribas, a través de distintas bases en territorio bonaerense.

En la investigación se hallaron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas “BASES AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia “para llevar adelante espionaje político en clara contravención a la Ley Nacional de inteligencia Nº 25.520 y a la Constitución Nacional”.

El juez Ramos Padilla advirtió que de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”.

Se corroboró en el caso además que las distintas delegaciones de inteligencia a cargo de Pinamonti y, en particular, la de Ezeiza —sobre la que se efectuó un relevamiento exhaustivo—, realizaron permanentes y constantes seguimientos a referentes políticos, sociales y gremiales, se consignaron datos de esos referentes, de locales partidarios y comunitarios e información de las patentes de transportes y/u otros vehículos utilizados para el traslado de manifestantes.

Se verificó también que, en algunos casos, se fotografiaron a las personas que participaban de distintas movilizaciones, se investigaron y consignaron datos personales de incontables referentes políticos, números de teléfono, domicilios, reseñas políticas y datos familiares, entre otra información sensible.

Pinamonti, estuvo a cargo de aquella iniciativa que se desplegó en 2017, está acusado de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.

La acusación sigue: “haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor”.

El juez procesó a Pinamonti, a quien D’Alessio señaló como su nexo en la AFI. En la Agencia, a la que se incorporó el 27 de mayo del 2016, Pinamonti integró el gabinete de asesores y estuvo al frente de la Dirección de Reunión de AMBA, donde tuvo a su cargo a otros agentes, como el ex comisario Bogoliuk.