A mes un del asesinato a manos de un policía blanco del afroestadounidense George Floyd, la presión de las calles se mantiene firme y sus reclamos comienzan a convertirse en reformas judiciales y policiales en Estados Unidos, con un auge de iniciativas tanto a nivel federal, como estatal y local.
La muerte de Floyd, el 25 de mayo, desató una ola de indignación y protestas en cinco continentes y puso al mundo a reflexionar sobre el racismo, luego de que un video mostrara cómo falleció mientras era detenido en Minneapolis por un policía, Derek Chauvin, que lo redujo en el piso y le clavó la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, pese a que gritaba que no podía respirar.
Aunque Chauvin fue echado de inmediato de la Policía, la inacción de la Fiscalía para presentar cargos desató una ola de protestas en Minneapolis y el resto del país, que fueron en su mayoría pacíficas, aunque durante varios días y noches se registraron disturbios y saqueos, que terminaron con el despliegue de la Guardia Nacional en algunos estados y llamados de la Casa Blanca para militarizar las calles.
De hecho, la imputación contra todos los policías que participaron de la detención -Chauvin fue acusado de homicidio en segundo grado y los otros tres oficiales de incitación y complicidad con un crimen en segundo grado- fue un primer logro de las protestas, a diferencia de la impunidad vigente en el país con otros casos de brutalidad policial.
Ejemplo de ello fue la expulsión anunciada ayer por la policía de Louisville, en el estado suroriental de Kentucky, del policía que mató tres meses atrás a la afroestadounidense Breonna Taylor durante un allanamiento sin aviso en su casa; una decisión que se dio gracias a la notoriedad que volvió a tener su asesinato en las recientes manifestaciones.
Por el momento, este movimiento de protesta ya consiguió cambios y promesas de modificaciones en 16 de los 50 estados que tiene el país, con la presentación en sus parlamentos de 159 proyectos vinculados a reformas policiales o judiciales, según los datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, una asociación no partidista de legisladores estatales.
Muchos de los proyectos proponen limitar o prohibir la técnica de estrangulamiento durante las detenciones policiales, un método que se usó con Floyd en Minneapolis y que venía siendo un reclamo de activistas y organizaciones civiles desde hace años.
Leyes contra esta táctica fueron aprobadas en los estados de Iowa -donde fue restringida-, Colorado -donde fue prohibida- y Nueva York, donde fue criminalizada con 15 años de prisión.
En tanto, en California, el gobernador Gavin Newsom ordenó que el programa de capacitación policial del estado dejara de enseñar a los oficiales cómo usar un collar que bloquea el flujo de sangre al cerebro.
Reformas similares fueron aprobadas en numerosas localidades, como en la propia Minneapolis, donde las autoridades municipales prohibieron las técnicas de estrangulamiento policial e hicieron obligatorio que otros policías intervengan cuando ven a un colega apelar a un uso de la fuerza no autorizado.
También los pedidos para recortar la financiación de las fuerzas de seguridad, cada vez más escuchados en las marchas, están empezando a tener eco en algunas ciudades.
En Los Ángeles, el intendente propuso reducir en 150 millones de dólares los fondos de la policía, mientras que en Nueva York los concejales sugirieron un recorte de entre el 5 y 7% para todas las agencias, incluidos los 5,9 mil millones de dólares del presupuesto policial.
Los alcaldes de otras ciudades, como Boston, Lansing y Seattle, también dijeron estar considerando recortes.
Si bien la mayor parte de estos cambios en Estados Unidos dependen de las jurisdicciones de gobernadores, intendentes y de los poderes legislativos a nivel federal y local, los manifestantes reclamaron también un posicionamiento de la Casa Blanca al respecto.
Tras el silencio -primero- y las críticas -después- del presidente Donald Trump a las protestas, el mandatario terminó firmando la semana pasada un decreto para “reducir el crimen” y “mejorar los estándares” de las policías; una medida que prácticamente desoye tanto los pedidos de las calles como las propuestas más moderadas de organizaciones civiles y líderes opositores.
En paralelo, en el Congreso federal, una propuesta de reforma policial de los republicanos fue descartada hoy en el Senado tras el rechazo en bloque de la oposición, que la consideró inadecuada a los llamamientos para tratar la brutalidad policial y el racismo a nivel nacional.
Los demócratas, por su parte, piensan comenzar a discutir mañana jueves en la cámara baja el amplio paquete de reformas policiales, que presentaron hace unas semanas y que se espera que incluyan cambios en las leyes de responsabilidad policial.
Otro de los proyectos que causa polémica en el Congreso es la propuesta de rebautizar a las bases militares que llevan los nombres de generales del Sur esclavista durante la Guerra de Secesión, como respuesta a los reclamos de un movimiento revisionista surgido en la ola de protestas.
Si bien el propio Trump amenazó con vetar la ley en caso de aprobarse, el derribo de monumentos considerados racistas se ha incrementado en las últimas semanas a lo largo y ancho del país.
La reflexión y la conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial que generó el asesinato de Floyd no sólo se limita a las fronteras de Estados Unidos, si no que se extendió al resto del planeta.
Miles de personas se hicieron eco de los reclamos en los cinco continentes, con protestas en Berlín, París, Roma, Sydney, Ciudad del Cabo, Seúl y Tokio, entre otros lugares.
El retiro de estatuas racistas también fue emulado en países como el Reino Unido y Bélgica, mientras que en Francia el gobierno decidió prohibir el empleo del estrangulamiento durante los arrestos policiales, para el cual se propondrá una alternativa en septiembre.
Fuente: Télam