Mauricio Macri rechazó una órden judicial y no entregó su celular

El ex presidente Mauricio Macri se presentó por primera vez como imputado en la causa penal en la que se lo investiga por perseguir a los dueños del grupo Indalo, manifestó su inocencia y apeló la decisión de la jueza María Servini que ordenó días atrás un entrecruzamiento de los teléfonos del ex mandatario y su “mesa judicial”.

En su primera presentación en el expediente judicial, Macri designó como abogado a Pablo Lanusse, se proclamó “inocente” y atacó a la jueza Servini y a los denunciantes del caso, los dueños de Indalo.

En el mismo escrito pidió que se revoque la decisión de la jueza Servini quien solicitó días atrás un entrecruzamiento de los teléfonos de Macri para analizar patrones de llamadas del ex presidente con los miembros de la denominada “mesa judicial M” entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019.

La medida fue ordenada en la causa originada en la denuncia de Fabián De Sousa en la que se investiga la persecución al Grupo Indalo a través de diferentes resoluciones en especial contra Oil Combustibles con las que el gobierno de Cambiemos fue hostigando a las empresas y a sus accionistas.

Macri se manifestó ajeno a los hechos a la vez que resaltó “la temeridad y malicia de los promotores de estas infundadas y falsas acusaciones, como de sus oscuras motivaciones que apuntan a volver a saquear las arcas del Estado en su indebido beneficio económico”, sostuvo el ex mandatario en el escrito redactado en primera persona.

El 6 de julio pasado la jueza Servini en el marco del expediente por asociación ilícita, dispuso que para “avanzar en la investigación” se realice el cruce de llamadas de Mauricio Macri, y de quienes integrarían su mesa judicial: José Torello, Nicolás Caputo, Rodríguez “Pepín” Simón, también de Javier Iguacel, los ex AFIP Alberto Abad, y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner, y de Mario Quintana. La magistrada emitió la orden a la Dajudeco.

Según detalló el portal Minuto Uno, Servini solicitó que además del entrecruzamiento de llamadas se realice la detección de la activación de las antenas de telefonía celular para determinar las ubicaciones de Macri y el resto de los investigados.

Para ello, la jueza consideró que “deberá aportarse un gráfico dinámico comparativo y un gráfico temporal, incluyendo los datos de titularidad y ubicación aproximada de cada uno de los abonados identificados”.

Macri repudió la decisión de Servini, a la que calificó como “invasiva, exorbitante y desproporcionada, en la más absoluta ceguera ”. Alegó que la misma no le fue debidamente notificada por lo que decidió interponer recurso de apelación.

Para la defensa, la resolución de Servini “carece de debida fundamentación” y vulnera la garantía de defensa en juicio.

“La falta de seriedad y vaguedad de los hechos concretos que se me pretenden atribuir, desnudan claramente la desproporcionalidad de la medida cuestionada a poco que se repare, como debió haberlo hace la distinguida Sra jueza en el cargo que ostenté entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, es decir titular del Poder Ejecutivo Nacional”, dice parte del escrito de Macri.

Cuestiona a la jueza porque pretende avanzar sobre “la privacidad de las comunicaciones con contactos habituales frecuentes, como ocasionales y no frecuentes y mi ubicación física conforme la geolocalización de las celdas respectivas ” .

A modo de ejemplo, el ex presidente citó que “por 28 fechas puntuales se solicitaron 1338 días de registros de mis comunicaciones, de las celdas y la identificación de los interlocutores frecuentes, comunes, no frecuentes ni comunes, de los cuales quedan aun mas sin explicación ni respaldo ni justificación 1040 días (MIL CUARENTA!!!)”, exclamó Macri. Para el ex mandatario hay gravedad institucional en la medida ordenada.

En la denuncia que hizo De Sousa se señalan diferentes sucesos por los que se ejercieron presiones a partir de actos públicos y en la esfera privada de los dueños del Grupo Indalo, con reuniones en las que participaron funcionarios públicos y hasta el mismísimo presidente Macri.

En la orden, Servini pide el cruce de llamadas de Macri, sus funcionarios y los empresarios, “en una fecha cercana a 10 días anteriores y posteriores a los siguientes eventos”.

• 13 de marzo de 2016: publicación de la nota periodística de Hugo Alconada Mon, en la que hizo referencia a una supuesta deuda de Oil Combustibles S.A. con el Fisco Nacional.
• 15 de marzo de 2016: dictado de la RG. 3836/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
• 16 de marzo de 2016: denuncia de Elisa Carrió en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°11.
• 22 de marzo de 2016: dictado de la RG. 3837/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
• 23 de marzo de 2016: Resolución n° 178/16 de la Dirección Nacional de Vialidad que dispuso la intervención de AEC S.A.
• 28 de marzo de 2016: dictado de la RG. 3857/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos
• 30 de marzo de 2016: presentación de Oil Combustibles S.A. en concurso preventivo.
• 11 de agosto de 2016: fecha de Oferta de capitalización condicionada de Grupo Alberdi S.A. a AEC S.A.
• 24 de agosto de 2016: nota n° 3681 de la Dirección Nacional de Vialidad, presentada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°10, donde se solicitó se evaluara la factibilidad de capitalización de AEC S.A. por parte de Grupo Alberdi S.A.
• 1 de noviembre de 2016: nota n° 515/16 que diera origen al expediente que terminó con el dictado de la resolución n° 395/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
• 3 de noviembre de 2016: dictado de la resolución n° 395/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que impidió preventivamente a Oil Combustibles S.A. acogerse a la ley 27.260.
• 12 de marzo de 2017: Nota periodística de La Nación en la que se aseguraba que el Gobierno Nacional rescindiría la concesión a una autopista de Cristóbal López.
• 30 de marzo de 2017: dictado de acto que revocó la Resolución n° 395/2016 antes señalada.
• 1 de septiembre de 2017: viernes del fin de semana que Macri visitó Esteros del Iberá .
• 18 de septiembre de 2017: Correo electrónico de Orlando Terranova a Carlos Fabián de Sousa, titulado “Aspectos Operativos”.
• 21 de septiembre de 2017: fecha en la que se suscribió el acuerdo de compraventa de Grupo Indalo con Orlando Terranova y Gustavo Casir.
• 5 de octubre de 2017: ingreso de Gustavo Casir a Casa Rosada.
• 20 de octubre de 2017: fecha de transferencia de acciones de Grupo Indalo a Damián Burgio y Santiago Dellatorre (Rosner).
• 5 de diciembre de 2017: dictado del Decreto 1010/17, a través del cual se rescindió el contrato de concesión de obra pública del acceso Ricchieri a la C.A.B.A.
• 19 de diciembre de 2017: detención de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa.
• 16 de marzo de 2018: resolución de Sala I de la CCCF que revocó la prisión preventiva de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa.
• 17 de marzo de 2018: nota periodística del diario La Nación, titulada “Cristóbal López divide al Gobierno entre alentar la quiebra o el salvataje de Indalo”.
• 20 de marzo de 2018: nota del sitio “Info 135”, titulada: “Macri pidió “matar” a Cristóbal López y echar de la justicia a Ballesteros y Farah”.
• 30 de marzo de 2018: nota del sitio Infobae, titulada “Mauricio Macri: el cambio de carátula en Cristóbal López nos enloqueció”.
• 27 de abril de 2018: resolución de Sala I de la CFCP que revocó la resolución señalada anteriormente y ordenó nuevamente la detención de López y de Sousa.
• 29 de abril de 2018: Nota periodística del diario Clarín, titulada: “Con Cristóbal López preso, el Gobierno redobla la presión contra sus empresas”.
• 9 de abril de 2019: ingreso de este expediente a este Juzgado.
• 9 de agosto de 2019: detención en la autopista Ricchieri de María Julieta Camaño, esposa de Carlos Fabián de Sousa, por parte de personas que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal Argentina.

Fuente: Infovirales, Minuto Uno