El máximo tribunal anuló un fallo entrerriano y llamó a dictar una nueva sentencia bajo los principios de la Ley Micaela.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reabrir la causa por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017, tras detectar “defectos en materia de abordaje de violencia de género y su perspectiva”. El tribunal anuló la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y solicitó dictar un nuevo fallo.
Los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti dieron lugar a las apelaciones presentadas por la fiscalía y la querella, quienes buscan que los acusados sean condenados por femicidio. En disidencia, Carlos Rosenkrantz consideró “inadmisible” el recurso.
La decisión del alto tribunal responde a los planteos de la Procuración General de la Nación, que señaló que la sentencia apelada omitió aplicar la Ley 26.485, reglamentaria de la Convención de Belém do Pará. Dicha normativa establece derechos específicos para las víctimas de violencia de género, incluyendo una evaluación adecuada y amplia de las pruebas.
El caso generó gran conmoción en el país y derivó en la sanción de la llamada “Ley Micaela”, que obliga a la capacitación en perspectiva de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Según la Corte, el fallo apelado desatendió esta legislación vigente al momento de su dictado en 2020.
El caso Micaela
Micaela García, una estudiante de educación física de 21 años, desapareció el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Su cuerpo fue hallado una semana después, con signos de violencia física y sexual. Sebastián Wagner, el autor del crimen, cumplía libertad condicional otorgada por un juez a pesar de sus antecedentes por violación y las advertencias de especialistas.
La causa incluyó a tres imputados: Wagner, condenado a prisión perpetua por abuso sexual y homicidio agravado; Néstor Pavón, sentenciado por encubrimiento; y Gabriel Otero, quien fue absuelto. La Cámara de Casación había ordenado un nuevo juicio para Pavón, pero el tribunal entrerriano rechazó esa disposición, lo que ahora fue corregido por la Corte.
Con esta decisión, la Corte Suprema refuerza la necesidad de que los procesos judiciales incorporen una perspectiva de género adecuada, tanto para garantizar justicia como para prevenir futuras violencias.