Un gigantesco operativo de seguridad se montó en las inmediaciones del Congreso, con más de 1.100 efectivos federales. La movilización, que reunirá a sindicatos, estudiantes y jubilados, busca presionar a los legisladores para que rechacen los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.
El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich puso en marcha un megaoperativo con 1.100 efectivos federales para custodiar los alrededores del Congreso Nacional. La medida se toma en el marco de la Marcha Federal, una protesta masiva en la que distintos sectores de la oposición saldrán a las calles mientras en el recinto se debate un tema crucial para el gobierno.
A los uniformados de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se sumarán agentes de la Policía de la Ciudad, que tiene la jurisdicción de la zona. Se espera que haya vallas en los accesos al Parlamento, reforzando las medidas de seguridad.
La convocatoria, que se concentrará frente al Congreso desde el mediodía, reunirá a agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, incluida la CGT. A ellos se sumará la tradicional marcha de los jubilados, que se movilizarán contra el plan económico del gobierno y la delicada situación que atraviesan los adultos mayores.
Los Votos Clave de la Oposición y una Historia que se Repite
Mientras la movilización crece en la calle, en el interior del Congreso se espera un debate caliente por los vetos de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. La primera iniciativa buscaba la actualización de salarios según la inflación y más fondos para la educación superior, y la segunda una recomposición salarial y un aumento presupuestario para centros como el Hospital Garrahan.
Esta será la tercera Marcha Federal en lo que va del gobierno libertario. La primera se realizó el 23 de abril de 2024, cinco meses después de la asunción de Milei, en reclamo de un mayor presupuesto universitario. La segunda tuvo lugar el 2 de octubre del mismo año, cuando el presidente confirmó que vetaría la primera ley aprobada por el Congreso.