El Tribunal Oral N°7 de San Isidro le puso día y hora al debate que sentará en el banquillo a los siete profesionales de la salud acusados por la muerte del Diez. Tras la destitución de la jueza Makintach y la anulación del proceso anterior, las partes se preparan para una batalla legal que arrancará en marzo de 2026, aunque persisten las dudas sobre la validez de las pruebas viejas.
El expediente por la muerte de Diego Maradona vuelve a moverse tras haber quedado en punto muerto por el bochorno judicial que culminó con la destitución de la jueza Julieta Makintach. Después de meses de parálisis e incertidumbre, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro finalmente le puso fecha al nuevo debate oral y convocó a todas las partes para empezar a ordenar el material probatorio.
Cabe recordar que el juicio que investigaba el fallecimiento del astro y que ya estaba en curso fue declarado nulo en mayo, luego de que saliera a la luz que la magistrada Makintach formaba parte de un documental clandestino sobre el mismo proceso. Aquel episodio, que derivó en su expulsión por el Jurado de Enjuiciamiento, obligó a barajar y dar de nuevo, forzando el reinicio de todo el debate.
Sin embargo, la nulidad decretada sobre el juicio principal dejó varias zonas grises respecto a las resoluciones que se tomaron durante esa etapa oral fallida. Esta situación ya generó los primeros cortocircuitos y discusiones entre los abogados defensores, que debaten sobre los alcances reales de la medida y qué queda en pie de lo actuado anteriormente.
En el banquillo de los acusados volverán a sentarse los siete profesionales de la salud que tenían a su cargo la atención de Diego en sus últimos días y en los meses previos al desenlace fatal: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros de Medidom Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.
Sobre todos ellos pesa la grave acusación de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. La hipótesis de la Justicia es que los imputados eran conscientes de que su accionar —o la falta del mismo— podía conducir a un desenlace fatal y, aun así, no hicieron nada para evitarlo. Por otro lado, la enfermera Gisela Madrid, imputada por el mismo delito, irá por un carril separado y afrontará un juicio por jurados, respetando la decisión que se había tomado antes de la nulidad.
El nuevo proceso estará bajo la lupa del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que ahora estará integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Los magistrados resolvieron que el debate inicie el 17 de marzo de 2026 y, además, llamaron a una audiencia preliminar para el 2 de diciembre, con el objetivo de depurar las pruebas y definir la lista final de testigos.
Las dudas sobre cómo se desarrollará este “segundo tiempo” judicial ya se hacen oír. Diego Olmedo, abogado del psicólogo Díaz, planteó su inquietud: “Creemos que no están claros los alcances de la nulidad del juicio anterior. Por ejemplo, el juicio por jurados contra Madrid sigue en pie y es raro porque se anuló lo que ocurrió en la audiencia donde se dispuso eso. El juicio contra los siete imputados se realizará primero porque el de la enfermera no tiene ni siquiera el sorteo del jurado. Es muy feo que esto sea así porque el jurado estará muy condicionado. Es desprolijo”.
Con la intención de agilizar el trámite, los letrados de ambas partes ya anticiparon que pedirán acortar declaraciones repetidas y filtrar aquellas medidas que hoy resultan innecesarias. Al respecto, Olmedo consideró: “Fueron a declarar médicos de Ipensa que dijeron lo mismo, con lo cual nos podemos poner de acuerdo para que venga uno y no perder el tiempo escuchando lo mismo tantas veces, al igual que para los de la Clínica Olivos”. Y agregó: “Tampoco se justificaría citar al dueño de la casa porque ya declaró y no tuvo ningún sentido. Quizás esas cosas son una oportunidad para mejorar la calidad de la prueba y no perder tiempo”.
Otro gran interrogante que surge es qué ocurrirá con allanamientos, pericias y testimonios que ya se produjeron y si tienen validez. Sobre esto advirtió el abogado Miguel Ángel Pierri en diálogo con C5N: “¿Se volverá a allanar a los que ya fueron allanados y a secuestrar lo que fue secuestrado? El que declaró mal, podrá volver a hacerlo mejor”.
Finalmente, algunas defensas evalúan insistir con el principio non bis in idem, que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos. No obstante, otros expertos legales advierten que este planteo tiene pocas chances de prosperar, dado que el juicio anterior se anuló antes de llegar a una sentencia firme.