Manuel Adorni y Alejandra Monteoliva confirmaron que la Casa Rosada no dará el brazo a torcer tras la nulidad dictada por el juez Cormick. Con la apelación, el Ministerio de Seguridad logró que la medida siga vigente. “Estar en contra del protocolo es estar en contra de la ley”, sentenció el jefe de Gabinete.
El Ministerio de Seguridad Nacional no se quedó de brazos cruzados y apeló este martes el fallo judicial que pretendía dar de baja el protocolo antipiquetes. La noticia fue anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su habitual contacto con la prensa, y ratificada minutos después por la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva.
En lo que fue su última conferencia de prensa del año, Adorni fue tajante sobre la postura oficial frente al revés judicial. Según sus palabras, oponerse a este mecanismo de seguridad equivale a ir en contra de “la ley y el orden en la República Argentina”, marcando una línea divisoria clara respecto a la gestión de las protestas.
El funcionario apuntó directamente contra la resolución del juez federal Martín Cormick, quien el lunes había declarado nulo el procedimiento. Para Adorni, quienes buscan eliminar el protocolo añoran un pasado donde los ciudadanos eran “rehenes de los gerentes de la pobreza”, vinculando el fallo con un intento de regresar a una etapa de caos y violencia en las calles.
Asimismo, el jefe de Gabinete se mostró convencido de que la gestión cuenta con el aval de la opinión pública para seguir adelante. Aseguró que una “gran mayoría de los argentinos” respalda el protocolo por considerarlo una pieza clave que garantizó la tranquilidad y el orden para aquellos ciudadanos que solo pretenden “vivir en paz”.
En respuesta a los argumentos técnicos de Cormick, Adorni defendió la arquitectura legal de la medida. Remarcó que el protocolo no es una improvisación, sino que cuenta con fundamentos técnicos y operativos sólidos que ya fueron “validados por la Justicia en múltiples ocasiones” antes de este último traspié.
Para ilustrar el impacto de la medida, el vocero oficial destacó que la política de “manos libres” permitió la libre circulación de quienes eligen trabajar. En ese sentido, aportó datos sobre el control social del sistema: la línea 134 recibió 97.975 denuncias telefónicas y más de 32.000 correos de personas que acusaron ser “extorsionadas” para asistir a las marchas.
Adorni aprovechó para dejar en claro la doctrina del Gobierno sobre la protesta social. Subrayó que, si bien se reconoce la libertad de expresión, “el derecho a manifestarse debe ejercerse con orden”, poniendo la libertad de circular como una prioridad absoluta y “sagrada” para la actual administración.
Con un tono de advertencia, el jefe de Gabinete prometió que no darán “ni un paso atrás” frente a lo que llamó el regreso de los “8 mil piquetes anuales” de la gestión anterior. Cerró su intervención con una nota de color sobre el paisaje porteño, afirmando que ahora es “placentero” transitar por la 9 de Julio sin los bloqueos que habitualmente retrasaban a los trabajadores.
Finalmente, la ministra Alejandra Monteoliva confirmó que la estrategia legal surtió efecto inmediato. A través de sus redes, anunció que la Justicia concedió el recurso presentado, suspendiendo los efectos de la nulidad anterior. “El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse”, sentenció la funcionaria, reafirmando que el orden recuperado se sostendrá con reglas claras.