El Gobierno aseguró que la medida busca terminar con décadas de “impunidad” y modernizar una legislación que consideran anclada en un país que ya no existe.
Tras una sesión maratónica, la Cámara de Diputados otorgó la media sanción al proyecto que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La respuesta de la Casa Rosada no se hizo esperar: mediante un comunicado oficial, destacaron que esta reforma representa un principio básico de orden social donde quien comete un delito debe responder ante la ley, sin importar su edad.
Desde la administración de Javier Milei remarcaron que durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó dar este debate, a pesar de que se habían presentado más de 37 proyectos de reforma sin éxito. Para el Ejecutivo, la realidad delictiva avanzó mucho más rápido que la burocracia legislativa, transformándose en un fenómeno cada vez más violento y organizado que requería una respuesta contundente por parte del Estado.
El comunicado oficial sostiene que la ley permaneció anclada en otra época mientras el delito se volvía “más violento, más organizado y más precoz”. Según el Gobierno, sostener la normativa anterior implicaba subestimar la capacidad de comprensión de los jóvenes y, fundamentalmente, abandonar a las víctimas de los hechos delictivos.
“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, concluye el texto difundido por la Oficina del Presidente.
Javier Milei aprovechó la oportunidad para agradecer públicamente a los diputados que acompañaron la iniciativa, calificando el voto como una respuesta clara a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la inseguridad. Para el oficialismo, el proyecto no busca perseguir jóvenes, sino reconocer una realidad que otros sectores políticos prefirieron negar durante décadas para no enfrentar el costo político de la discusión.
Con la media sanción bajo el brazo, el Gobierno Nacional ahora pone la mirada en la Cámara Alta. El comunicado expresa la confianza del Presidente en que el Senado trate la reforma con la urgencia que la situación exige. El objetivo es que el nuevo Régimen Penal Juvenil se convierta en ley en el corto plazo para que el fin de la impunidad deje de ser una consigna y se transforme en una realidad operativa del sistema judicial.
Mientras la oposición y diversos organismos de derechos humanos mantienen sus reparos sobre la eficacia de bajar la edad de imputabilidad, el oficialismo se siente fortalecido por el resultado en Diputados. La discusión ahora se trasladará a las comisiones del Senado, donde se espera otro debate intenso pero con un Poder Ejecutivo decidido a acelerar los tiempos para mostrar resultados concretos en su agenda de seguridad.