Tras la sanción en Diputados, los gremios analizan judicializar la reforma o escalar el conflicto con una huelga extendida la semana próxima.
La aprobación de la reforma laboral en la Cámara Baja dejó al sindicalismo argentino frente a una encrucijada estratégica este viernes 20 de febrero de 2026. Con el regreso del proyecto al Senado —debido a la eliminación del polémico Artículo 44 que castigaba las licencias por enfermedad—, el triunvirato que conduce la CGT busca evitar la implementación de la ley mediante una batalla legal. Jorge Sola y Cristian Jerónimo ya adelantaron que plantearán la inconstitucionalidad de la norma apenas sea promulgada, bajo el argumento de que es regresiva y viola derechos básicos consagrados en la Constitución Nacional.
Sin embargo, el sector más combativo agrupado en el Frente Sindical Unidad (FreSU) considera que la vía de los tribunales es insuficiente y llega a destiempo. Abel Furlán, líder de la UOM, presiona para profundizar el plan de lucha mediante un paro de 36 horas que comenzaría la semana entrante. La propuesta del ala dura incluye una movilización masiva durante las primeras 12 horas y una huelga activa de 24 horas posterior, buscando condicionar el debate definitivo en la Cámara Alta previsto para el próximo viernes.
El avance de la ley fue posible gracias al respaldo de gobernadores peronistas y bloques federales como los de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones). Este apoyo territorial dejó a los gremios con herramientas legislativas agotadas, forzándolos a decidir entre la resistencia directa o la resignación de esperar un cambio de signo político en las elecciones de 2027. Para los sectores más críticos, el hecho de que la reforma financie despidos con fondos de la Anses representa una línea roja que la conducción de la central obrera no puede dejar pasar sin una respuesta de alto impacto.
“Acá no terminó nada. Esto recién empieza”, afirmó el cosecretario general Cristian Jerónimo, reflejando el espíritu de resistencia de una parte de la conducción que se niega a dar la batalla por perdida.
Mientras la cúpula de la CGT confía en repetir el éxito que tuvo frenando reformas previas de Javier Milei en la Justicia, las bases fabriles y estatales exigen mayor celeridad. El escenario de la próxima semana en el Congreso será determinante para medir no solo la fuerza de los gremios ante el Gobierno, sino también la cohesión interna de una central obrera que hoy se debate entre los despachos judiciales y las calles.