El rector de la UBA advirtió que los hospitales universitarios no recibieron dinero en todo el año y podrían cerrar en 45 días.
En un clima de máxima tensión con el Gobierno nacional, las universidades públicas de todo el país se preparan para una nueva Marcha Federal Universitaria este martes 12 de mayo. La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tendrá su epicentro a las 17 horas en la Plaza de Mayo, aunque se replicará de forma masiva en las principales capitales de las provincias.
Lejos de buscar una conciliación en la previa, el Ejecutivo tensó aún más la cuerda y anunció en las últimas horas un nuevo ajuste de 5.500 millones de pesos para el sistema de educación superior. Esta medida profundiza una crisis estructural: según proyecciones que cruzan el presupuesto actual con la inflación, el ajuste total sobre las universidades alcanzará un 45% hacia fin de año.
La situación más dramática se vive en los centros de salud dependientes de las casas de estudio. El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, denunció que los hospitales universitarios —que atienden a unos 700 mil pacientes anuales— corren serio riesgo de paralizar sus actividades en los próximos 45 días. “No hemos recibido ni un solo peso en lo que va del año para hospitales”, sentenció Gelpi, desmintiendo las versiones oficiales sobre el envío de recursos.
El conflicto legal y el desplome salarial
El choque político e institucional sumó varios capítulos complejos. El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario para actualizar los salarios docentes y los gastos de funcionamiento por inflación. El presidente Javier Milei vetó la norma argumentando que afectaba el superávit fiscal, pero el parlamento logró rechazar el veto. Pese a ello y a contar con dos fallos judiciales favorables en distintas instancias, el Gobierno no liberó los fondos correspondientes.
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley no especifica el origen de los recursos. Como contrapartida, la comunidad universitaria cuestiona que paralelamente se implementaran fuertes reducciones impositivas para el sector agroexportador, las grandes mineras y los patrimonios más altos alcanzados por Bienes Personales.
Mientras tanto, la propuesta alternativa del Ejecutivo ofrece una recomposición salarial del 12,3% en cuotas, cifra considerada insuficiente por los gremios. Las asociaciones docentes estiman que siete de cada diez profesores perciben sueldos de bolsillo en torno a los 250 mil pesos, una realidad que ya provocó la renuncia del 10% de la planta docente y obliga a muchos otros a recurrir a aplicaciones de transporte o reparto para subsistir.
Frente a un presupuesto asignado de 4,8 billones de pesos para todo el año, el CIN advierte que el sistema necesita al menos 7,3 billones para garantizar un funcionamiento operativo que no ponga en riesgo la continuidad académica.