Los abogados de la expresidenta revelaron documentación que indica que el Grupo Austral recibió menos del 1% de los fondos de un cuestionado fideicomiso. Aseguran que el hallazgo derrumba los fundamentos de la condena y buscarán la revisión del fallo tanto en la Justicia local como en el plano internacional.
La defensa técnica de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este martes el hallazgo de una prueba inédita que, según sostienen, contradice el argumento central de la condena dictada en su contra en la denominada “Causa Vialidad”. Durante una conferencia de prensa, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego detallaron la nueva documentación, cuestionaron duramente la sentencia y delinearon la estrategia a seguir en los tribunales locales y en el exterior.
La información clave surge a partir de la declaración de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la “Causa Cuadernos”. De acuerdo a la explicación de los letrados, este testimonio permitió acceder a los datos necesarios para reconstruir cómo se distribuyeron los recursos de un fideicomiso entre 2009 y 2015, cuyo manejo a través del decreto 54/2009 fue el pilar fáctico de la imputación.
“Cristina fue condenada por la mala utilización de los fondos del fideicomiso (…) haciéndonos creer que ese decreto solo había beneficiado con fondos a Lázaro Báez”, señaló Beraldi. Sin embargo, un profundo análisis contable elaborado por un equipo de economistas brasileños, encabezado por Antonio Correa de la Cerda, arrojó una disparidad rotunda: de los más de 2.000 millones de dólares distribuidos en ese período, el Grupo Austral percibió apenas el 0,85% (alrededor de 18 millones de dólares).
Para dimensionar estas cifras, el abogado Rafael Valim contrastó ese porcentaje con el de otra firma mencionada durante la exposición, IECSA, que habría recibido el 16% de los recursos, equivalentes a unos 360 millones de dólares. “Se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina. Ahora se deja claro que no hay ningún fundamento fáctico para condenar”, sentenció el letrado brasileño, quien definió el hallazgo como “un giro decisivo” en el expediente. En la misma línea, Beraldi recordó que el tribunal había rechazado incorporar una pericia contable para evaluar estos números durante el debate oral, concluyendo que la imputación “era absolutamente falsa” y la condena “injusta”.
Con estas nuevas cartas sobre la mesa, Borrego anticipó que la estrategia legal se desplegará a través de tres vías: una revisión judicial interna, un reclamo internacional y el debate político del caso. En el plano doméstico, la defensa analiza utilizar los mecanismos procesales correspondientes para pedir la revisión de la condena en la Justicia argentina, lo que podría incluir una solicitud para suspender la ejecución de la sentencia.
En paralelo, la ofensiva se trasladará a los organismos internacionales. Beraldi confirmó que la nueva evidencia será anexada al reclamo que ya tramita ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra la inhabilitación perpetua y otros aspectos del fallo. La expectativa del equipo de abogados es que el organismo con sede en Ginebra pueda abocarse al análisis del caso durante el próximo mes de octubre.