Avanza la causa que investiga la presunta mesa judicial provincial contra sindicalistas y en las últimas horas, el juez de la causa procesó a distintos ex funcionarios del gobierno de Vidal.

En las últimas horas, el juez federal Ernesto Kreplak procesó a varios ex funcionarios de María Eugenia Vidal, participes de la famosa reunión en las oficinas del Banco Provincia en 2017. En dicho encuentro, se se analizó la forma de impulsar el armado de causas judiciales vinculadas al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina, quien meses después acabaría preso.

En diciembre del año pasado, el video explotó y la frase del ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, decretó el nombre de la causa: “Créeme que si yo pudiera tener –y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte–, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”

Ahora, el senador bonaerense Juan Pablo Allan; el intendente Julio Garro; el exsubsecretario de Justicia provincial, Adrián Patricio Grassi; el mencionado Villegas y los exdirectivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra, fueron procesados y embargados por diez millones de pesos.

En la resolución el magistrado dictó la falta de mérito para los empresarios presentes de la reunión y para el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante. Y denegó los planteos presentados por parte de las defensas de los imputados, que buscaban que se decretara la nulidad de del video que dio origen a la causa.

“Esto es, que el registro audiovisual de la reunión fue llevado a cabo por agentes de la AFI, que la orden de proceder en ese sentido partió de las máximas autoridades de ese organismo al momento de los hechos y, adicionalmente, que no existiría orden ni autorización judicial para hacerlo”, explicó.

En la resolución, el juez Kreplak destacó que la investigación debe profundizarse sobre autoridades políticas, nacionales y provinciales, y de la AFI. “Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”, dice el fallo.

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