Ante los efectos negativos que generó la normativa sancionada en 2020, el Gobierno decidió dar marcha atrás y derogar la ley.
El Gobierno dio marcha atrás y decidió derogar la Ley de Alquileres ante los efectos negativos que ésta demostró tener tanto para inquilinos, propietarios y el mercado inmobiliario. Ahora, tratarán de ver cómo lograr un proyecto superador a esta ley, que generó un perjuicio y fastidio.
Este lunes el presidente Alberto Fernández y el ministro de economía Sergio Massa, mantuvieron una reunión en la que discutieron, entre muchas otras cosas, la posibilidad de derogar la normativa sancionada en julio de 2020.
Uno de los principales puntos para darle fin a esta normativa tiene que ver principalmente con las desorbitantes subas que sufrieron los alquileres en estos casi tres años. A pesar de varios intentos de cambios y reformulación, las cifras son ineludibles y marcan que los alquileres sufrieron aumentos que rondan el 250%. Esto, potenciado por la alta inflación, las débiles paritarias y también el casi nulo acceso al crédito hipotecario
Aunque aún no se conoce cómo y cuáles serán los lineamientos que definirán la nueva norma para regular los contratos de locación y vivienda en todo el país, lo que es aún más inquietanta es qué pasará con los contratos vigentes y los nuevos a firmar.
Ante esto, el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), Mariano García Malbrán sostuvo en declaraciones con Ámbito que “en contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las clausulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”.
Y con respecto a los contratos que se firmen de aquí en adelante estimó que “mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.
La ley que fuera aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
En ese entonces, uno de los primeros efectos no deseados de la ley fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Apenas unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. Ninguno logró avanzar. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes aunque ninguno alteró el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos centrales de la normativa.