Desde el inicio de su gestión Javier Milei ya disolvió 13 fondos fiduciarios para achicar el Estado y dejar a la deriva a lo sectores más vulnerables de la sociedad.

El gobierno de Javier Milei sigue adelante con su política de ajuste sobre el sector público y avanzó este martes en la eliminación de otros cinco fondos fiduciarios, entre ellos uno destinado a asistir a víctimas de trata.

Así quedó plasmado en el Decreto 1048/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Allí, y bajo el amparo de la ley Bases que habilitó al Poder Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”, el Gobierno avanzó en una nueva disolución de distintos fideicomisos bajo la excusa de que presentan “falencias” y “debilidades”.

De esta manera, Milei y Caputo dispusieron la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364” destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas. Para justificar el dejar a la deriva a las víctimas de trata, en su gran mayoría mujeres, el gobierno libertario se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que advierte sobre “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros”.

Asimismo dispuso el cierre del Fondo Fiduciario Para El Desarrollo De Capital Emprendedor (FONDCE) que había sido creado para “financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor” mediante el otorgamiento de “préstamos a emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores”, Aportes No Reembolsables (ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento.

De acuerdo con el gobierno libertario la Sigen detectó “debilidades en la gestión de inversiones y su recupero”, como también la ausencia de “manuales operativos y de procedimientos”, además de “debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”.