El financista de la campaña de José Luis Espert se negó así a colaborar con la justicia de los Estados Unidos lo que elimina prácticamente por completo la posibilidad de que aporte información sensible sobre las campañas electorales que financió y su vínculo con dirigentes políticos.
Tras su extradición a los Estados Unidos, Federico “Fred” Machado, el financista de la campaña del excandidato de La Libertad Avanza y el PRO, José Luis Espert, se declaró “no culpable” ante la justicia federal del Estado de Texas. Con esta decisión, Machado rechaza la posibilidad de negociar una reducción de su pena a cambio de colaborar con la fiscalía mediante la entrega de información o la declaración en contra de terceros, y queda a la espera de un juicio oral.
Machado es investigado en Estados Unidos por los graves delitos de narcotráfico, lavado de activos y estafa. El financista comunicó su decisión al juez federal Bill Davis luego de acceder a la quinta y última ampliación de los cargos presentados por la fiscalía. Estos cargos son similares a los que enfrentó su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien también se había declarado “no culpable” y fue condenada en mayo de 2023 a 16 años de prisión en una cárcel federal.
La decisión de Machado de no declararse culpable prácticamente elimina la posibilidad de que el empresario aporte información sensible sobre las campañas electorales que financió y su interacción con diversos dirigentes políticos en Argentina.
La audiencia previa al juicio se realizará el próximo 9 de enero, mientras que el juicio oral está programado para comenzar en el segundo semestre de 2026.
Según las pruebas que ya ha presentado la fiscalía en la justicia de Texas, Machado transfirió al menos 200 mil dólares a José Luis Espert durante 2020, utilizando el Bank of America. El banco consignó los fondos en planillas internas que aportó al expediente criminal, junto con la matrícula del avión de Machado que el dirigente utilizaba en Argentina, la aeronave N28FM. La clave probatoria de este hallazgo radica en las instrucciones “further credit to” de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía emplea para rastrear al destinatario final de los fondos que presuntamente fueron lavados, lo que otorga un alto valor probatorio a la prueba documental.