Con un paro nacional que paraliza la administración pública y una marcha masiva hacia Plaza de Mayo, el sindicalismo unificó el reclamo contra la reforma laboral.

Este 18 de diciembre se convirtió en el escenario de una pulseada decisiva entre el Gobierno y los gremios. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protagonizan una jornada de protesta en simultáneo que marca la temperatura social en el cierre del 2025. El objetivo común es frenar el proyecto de reforma laboral que Javier Milei envió al Congreso, una iniciativa que terminó de dinamitar los puentes de diálogo entre la Casa Rosada y el movimiento obrero.

Desde las primeras luces del día, la marcha de la CGT comenzó a tomar color y forma en los accesos a la Ciudad. Las columnas sindicales, nutridas y ruidosas, avanzan a paso firme hacia el punto de concentración central, colapsando el tránsito en el microcentro porteño. La movilización no es solo una demostración de fuerza, sino una advertencia política directa al Ejecutivo en una recta final del año cargada de tensión.

En paralelo, el paro nacional de ATE se siente con fuerza en todo el territorio. La medida de fuerza de los estatales afecta el funcionamiento de organismos clave, dejando oficinas vacías y trámites paralizados. Desde el gremio aseguran que esto es solo el comienzo de un plan de lucha escalonado si el Gobierno no retira las modificaciones a las leyes de trabajo.

La voz cantante de la jornada la llevó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien no ahorró en retórica peronista para graficar el malestar. Desde la movilización, el dirigente lanzó una frase contundente: “Con la marcha a Plaza de Mayo empieza a tronar el escarmiento en Argentina”.

Según los números que maneja el sindicato estatal, el paro nacional alcanzó un 93% de acatamiento, una cifra que los dirigentes leen como un respaldo masivo de las bases frente al ajuste. La coincidencia de la huelga estatal con la movilización cegetista refuerza el mensaje de unidad sindical y concentra la atención pública en qué servicios no funcionan hoy y, fundamentalmente, en cuál será la respuesta de un Gobierno que hasta ahora se ha mostrado inflexible.