A través de una serie de resoluciones en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad aplicó restricciones de concurrencia a quienes participaron de las protestas de febrero contra la reforma laboral.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la firma de la ministra Alejandra Monteoliva, oficializó este miércoles una medida que traslada el conflicto social de las calles a las tribunas. Según las resoluciones 256/2026 a 265/2026, los manifestantes que participaron en las movilizaciones frente al Congreso mientras se debatía la reforma laboral tendrá prohibido el ingreso a cualquier estadio del país.
La medida se fundamenta en la figura de la “restricción de concurrencia”, una herramienta habitualmente reservada para barrabravas o personas con antecedentes de violencia en el fútbol. Sin embargo, en esta ocasión, se aplica a ciudadanos identificados durante las desconcentraciones de las protestas contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Este despliegue del aparato de seguridad marca un nuevo capítulo en la relación entre el derecho a la protesta y las sanciones administrativas. Mientras que desde la cartera de Seguridad insisten en que se trata de cuidar la integridad de los espectáculos deportivos, diversos sectores denuncian que se utiliza el derecho de admisión como una “pena extraoficial” para castigar la disidencia política.
Lo cierto es que, a partir de hoy, participar de una movilización que termine con incidentes —aunque no se pruebe la autoría individual de los mismos— puede significar quedarse afuera del domingo de cancha por tiempo indeterminado.