La Justicia cordobesa imputó a ocho adolescentes por las amenazas de tiroteo en escuelas y advirtió que no se trata de “travesuras” estudiantiles. Se investigan 61 casos vinculados a desafíos de TikTok y grupos que glorifican la violencia.
La Justicia de Córdoba decidió actuar con rigor ante la ola de intimidaciones que sacude a las instituciones educativas. La Fiscalía Penal Juvenil elevó a ocho el número de adolescentes imputados bajo el cargo de “amenaza agravada por anonimato”. Estos jóvenes, de entre 16 y 18 años, ya son considerados penalmente responsables por sus actos.
Además de los imputados, otros siete menores de 16 años fueron identificados en la investigación. Al ser inimputables por su edad, quedaron bajo regímenes de resguardo especial. El Ministerio Público Fiscal confirmó que actualmente se trabaja sobre un total de 61 hechos delictivos ocurridos únicamente en la ciudad capital.
Las autoridades locales fueron enfáticas al aclarar que estas acciones no son simples bromas para evitar exámenes. Se trata de delitos que generan un pánico real en la comunidad y conllevan consecuencias legales severas. La investigación busca determinar si existe una red organizada o si es un fenómeno de imitación masiva.
El trasfondo de los mensajes apunta a un peligroso desafío viral de TikTok. Según el Ministerio de Seguridad, algunos implicados formarían parte de la “True Crime Community”. En estos grupos digitales se comparte material violento y se glorifica a autores de masacres, lo que eleva el nivel de alerta de los investigadores.
“No estamos frente a la travesura de un adolescente, estamos ante la comisión de un hecho delictivo. Los pibes se comparten casos de violencia reales y eso genera un pánico en la comunidad educativa que tiene consecuencias legales severas”, advirtió el ministro Juan Pablo Quinteros.
El primer caso que disparó la alarma en la provincia ocurrió en la localidad de La Falda. Allí, un mensaje escrito en el baño del Ipem 142 advertía sobre un tiroteo inminente, lo que obligó a desplegar operativos de emergencia. Desde entonces, la policía ha realizado múltiples allanamientos y secuestros de dispositivos móviles.
El costo de movilizar a las fuerzas de seguridad y la interrupción de las jornadas escolares son factores que la Justicia no pasará por alto. Los operativos buscan no solo dar con los autores materiales de las pintadas, sino también concientizar a las familias sobre el control del contenido digital que consumen los menores.