El proyecto promete mayores ventajas que el régimen original y apunta a sectores inéditos, con la promesa de multiplicar el empleo.
Con la gestión nacional empantanada desde hace dos meses por la grave investigación de enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Javier Milei intentó retomar la iniciativa política. A través de sus redes sociales, el Presidente lanzó un sorpresivo anuncio buscando recuperar el control de la agenda pública.
“Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit, no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X. Allí confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un “SÚPER RIGI”, destinado a sectores que nunca han existido en la Argentina.
Según se desprende de la publicación presidencial, esta iniciativa brindará mayores ventajas que el esquema original. El objetivo central, explicó, es impulsar la creación de empresas que satisfagan las demandas de sectores económicos dinámicos, lo que a su vez permitiría multiplicar la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, no brindó precisiones sobre cuándo ingresará el texto al parlamento.
Esta nueva apuesta libertaria va en línea con la reciente prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones original, anunciada en febrero de este año. Mediante el Decreto 105/2026, el Gobierno modificó la reglamentación de la Ley Bases y extendió el plazo de adhesión hasta 2027, otorgándole a las compañías interesadas un año extra para ingresar.
Aquella actualización introdujo cambios sustanciales para el sector energético. Entre ellos, habilitó el ingreso de nuevos desarrollos de hidrocarburos onshore (en áreas sin actividad previa) fijando un piso de inversión de 600 millones de dólares, mientras que para las exigentes actividades offshore redujo el umbral mínimo a 200 millones debido a su mayor riesgo y necesidad de capital.
Finalmente, para resguardar la transparencia del régimen, la normativa vigente había sumado estrictos mecanismos de control. A través de nuevos criterios de segregación y trazabilidad, el Ejecutivo busca evitar la fragmentación artificial de inversiones dentro de una misma área para acceder indebidamente a los beneficios fiscales.