María de los Ángeles Lescano está presa hace dos años por homicidio agravado por vínculo. Desde la defensa piden su libertad por tratarse de un caso de legítima defensa en contexto de violencia de género.

“Esta noche es ella o yo”, le dijo Jorge “Pey” Ibáñez al amigo con el que esperaba en la esquina de la casa de María de los Ángeles Lescano en la madrugada del 12 de noviembre de 2017, en el barrio tradición, en Santiago del Estero. Pasadas las cinco de la mañana cuando los hermanos de María se fueran del lugar, y ella se quedó sola con su bebé de 6 meses -uno de los cinco hijos que tenía juntos- Ibáñez la obligó a entrar a la casa a la fuerza y quiso violarla. Llevaba un cuchillo, ella se defendió y en el forcejeo terminó por apuñalarlo.

Herido, Ibáñez salió de la vivienda y comenzó a tirarle piedras desde la calle. Caminó unos metros más, quedó tendido en la calle y murió. Desde entonces María está presa y fue condenada a 13 años y 6 meses de prisión por homicidio calificado por el vínculo de pareja. Ahora espera que un tribunal de Alzada revea el fallo y considere la legítima defensa.

María tiene 32 años, es mamá de 6 hijos. Fue víctima durante más de 10 años de violencia de género por parte de su ex. Desde 2007, lo denunció en múltiples oportunidades en la comisaría de la mujer de Santiago por atentar contra su integridad física y sexual, e incluso por violación de domicilio. La violencia de Ibáñez fue incrementando con los años, en 2016 prendió fuego la casa donde vivían mientras ella y sus hijos dormían. Pudieron salir gracias a que a ella se le cayó una membrana caliente en la pierna y se despertó. En su denuncia ella relató que él le había dicho los días previos que la iba a matar. Un año después, la violó delante de su hijo de 10 años, le pegó con un adoquín en la cabeza y tuvo que ser internada . Ella fue a denunciarlo nuevamente y él permaneció unos pocos días preso.

Andrea Barraza, abogada de la Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero, contó a minutouno.com que todas las investigaciones que se iniciaron por de sus denuncias terminaron con la impunidad para el agresor. “María estuvo inmersa en un contexto de violencia de género y fue abandonada por el Estado y ahora la justicia no contempla que ella fue una víctima que se defendió sin ningún tipo de intención de matarlo”, aseguró.

Desde noviembre de 2017, María está privada de su libertad y separada de sus hijos, y fue condenada por un Tribunal de Juicio Oral de la provincia, el pasado 7 de Agosto del 2019, a 13 años y 6 meses de prisión por homicidio calificado habiendo mediado circunstancias extraordinarias de atenuación.

Barraza resaltó que la justicia durante todo el proceso la discriminó por ser mujer y por su clase. “Es un fallo discriminador en razón de género y aleccionador”, aseguró y añadió que el tribunal no hizo lugar al pedido de la prisión domiciliaria, no consideró que su hijo de 6 meses se encontraba amamantando.

“Además, la criminalizaron porque ella tenía una adicción y por su procedencia de una clase baja. Si hubiera sido una persona de recursos altos que fumaba marihuana en palermo hubiese sido otra la historia”,opinó.

Para la letrada, el fallo que desatiende los criterios jurisprudenciales que desde hace tiempo tienen en consideración la trayectoria vital de las mujeres que son sometidas sistemáticamente a la violencia y que en última instancia, para salvar sus vidas, deben recurrir a legítima defensa que prevé el Código Penal. “Aun teniendo las pruebas del ataque, que todas las partes coinciden en la defensa de María, optan por condenarla”, aseguró.

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En su declaración, María relató que Ibáñez se fue de la casa en la noche de su muerte y comenzó a arrojarle piedras desde la vereda. Eso hizo que ella no se imaginara que minutos después moriría. Además, el amigo, testigo fundamental en la causa, declaró que horas antes del ataque le mostró un cuchillo y le dijo: “esta noche es ella o yo”.

María también remarcó que ella fue violentada y sus hijos vivieron la violencia durante años sin recibir contención. “Si el Estado hubiera atendiendo mi denuncia, él estaría vivo y yo no estaría presa. Mis hijos tendrían a sus dos padres”, manifestó.

La audiencia de apelación se llevará a cabo este jueves 28 de febrero ante el Tribunal de Alzada. La querella y la fiscalía busca que se revea la sentencia, piden cadena perpetua, mientras que los abogados defensores la absolución por la figura de legítima defensa. Movimientos de mujeres de Santiago del Estero convocan a una concentración en apoyo a la absolución de María de los Ángeles Lescano en los tribunales de Santiago del Estero, en la calle Irigoyen entre Chaco y Chacabuco.

Fuente: Minuto Uno

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