La actual Diputada Nacional y ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires fue imputada en la causa que investiga la mesa judicial bonaerense.
Avanza la causa de la mesa judicial bonaerense, también conocida como “Gestapo” antisindical. En ese marco, la fiscal Ana Russo pidió hacer un entrecruzamiento de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de la actual diputada de Juntos por el Cambio.
Lo mismo solicitó de todos los exfuncionarios presentes en la reunión en el Banco Provincia del 15 de junio de 2017 donde el exministro de trabajo, Marcelo Villegas, y otros hombres del gabinete provincial, planificaban el armado de causas contra dirigentes sindicales y daban instrucciones a empresarios.
En el dictamen presentado ante el juez Ernesto Kreplak, junto con el pedido de análisis de comunicaciones la fiscalía aclara que “la acción penal” no sólo se dirige a quienes estaban en el encuentro en cuestión, sino contra “toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos…”.
El dictamen pide que el análisis abarque las comunicaciones dentro del período entre el 1 de mayo de 2017 y diciembre del mismo año. Vidal era, cuanto menos, la máxima autoridad política por sobre Villegas y los otros miembros de su gabinete presentes, que eran Roberto Gigante, exministro de Infraestructura, y el exsubsecretario de Justicia y antes fiscal Adrián Grassi, hoy mano derecha de Carolina Stanley en el Ministerio Público tutelar porteño. En la mesa también, como es conocido, también estaban el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan.
La semana pasada, en su demorada aparición pública tras la difusión del video que dio origen al expediente, Vidal intentó darle una pátina de legalidad al encuentro en el Bapro, con el argumento de que se trató de una simple y habitual “una reunión de trabajo”.
En el mismo escrito Russo extendió la imputación a todas las personas que estaban presentes en la mesa, lo que incluye a los empresarios y especificó la hipótesis investigada: “la supuesta organización de una estrategia elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”. También precisa posibles delitos: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y violación a la Ley de Inteligencia.