Las mujeres que le prestaron el dinero declararon ante la Justicia y ratificaron la deuda pendiente. El Colegio de Escribanos advirtió que estas operaciones deben reportarse siempre a la UIF.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni sumó hoy un capítulo que complica su situación judicial. Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio declararon este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita.
Las testigos confirmaron que le otorgaron un préstamo privado de 100 mil dólares al vocero presidencial para la compra de un departamento en la avenida Asamblea, en el barrio de Caballito.
Sin embargo, el dato clave es que aseguraron que Adorni todavía les debe 70 mil dólares. Esta información es central para reconstruir la trazabilidad de los fondos y entender cómo se financió la propiedad.
Dudas sobre el origen de los fondos
La fiscalía busca determinar si la operación fue un acuerdo legítimo entre particulares o si el préstamo fue una pantalla para ocultar dinero de otro origen. Por eso, el fiscal analiza el valor declarado del inmueble y las condiciones del crédito.
El miércoles será un día clave con la declaración de otras dos jubiladas. Se trata de las vendedoras del departamento, quienes habrían aceptado un esquema de pago con una hipoteca sin intereses, algo poco habitual en el mercado.
La advertencia del Colegio de Escribanos
En medio del escándalo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad marcó la cancha. Su presidenta, Magdalena Tato, explicó que cualquier operación realizada por una Persona Políticamente Expuesta (PEP) debe ser informada obligatoriamente.
“Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF. No importa el monto por el que hayas comprado, es automático”, sentenció Tato, poniendo el foco sobre la transparencia de la transacción.
Esto suma presión sobre la escribana que intervino en la escritura, ya que este tipo de reportes son mensuales y obligatorios para funcionarios de alto rango, sin excepciones por el valor de la compra.