El mandatario enfrenta un escenario de máxima tensión en las calles tras impulsar un paquete económico que incluyó fuertes recortes, la eliminación del impuesto a la riqueza y una polémica reforma agraria.
Apenas medio año después de su llegada al Palacio Quemado, el presidente boliviano Rodrigo Paz se encuentra inmerso en una grave crisis política y social que mantiene en vilo al país. Las calles son el principal escenario de un conflicto que, de no encontrar una pronta resolución institucional, amenaza con derivar en una escalada de violencia aún mayor.
El estallido expone el agotamiento del modelo económico cimentado en la exportación de gas durante las últimas dos décadas. Hoy, Bolivia atraviesa un escenario crítico caracterizado por la falta de reservas, una inflación en alza y, fundamentalmente, un severo desabastecimiento de combustibles.
Ante este panorama, Paz implementó desde su asunción en diciembre de 2025 un plan de ajuste —con marcadas similitudes a las políticas de Javier Milei en la Argentina— que recayó fuertemente sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y detonó el malestar popular.
Las medidas que encendieron el conflicto
El paquete de reformas del Ejecutivo combinó recortes para los sectores populares y la clase media con alivios fiscales para los patrimonios más altos, desencadenando un rápido rechazo de diversas organizaciones.
Una de sus primeras decisiones fue eliminar los subsidios energéticos. El impacto fue brutal: la nafta se disparó un 86% y el gasoil un 160% de la noche a la mañana. Ante la magnitud del impacto económico y las protestas, el Presidente debió retroceder con la medida menos de un mes después.
En paralelo a la crisis, el Gobierno derogó el Impuesto a la Riqueza. Como contrapartida, aumentó la carga impositiva sobre los “gremiales” (trabajadores independientes comparables a los monotributistas argentinos), quienes pasaron a tributar el 5% de sus ingresos.
Paz promulgó la controvertida Ley 1.720. Resistida por organizaciones campesinas, ambientalistas e indígenas, la norma elimina la prohibición de mantener tierras ociosas por más de 10 años y es duramente criticada por vulnerar derechos de los pueblos originarios y abrir la puerta a la mercantilización del suelo.
El Ejecutivo avanza además con un programa privatizador que genera fuertes temores por despidos masivos. Al mismo tiempo, la decisión de pisar los salarios frente a la inflación provocó un profundo derrumbe del consumo, empujando a la quiebra a miles de pequeños comercios y empresas.