El exlíder de Viejas Locas designó a nuevos defensores particulares en pleno proceso por el crimen de Cristian Díaz. Los flamantes letrados solicitaron tiempo para analizar el expediente y planificar su estrategia legal.
Cristian “Pity” Álvarez pateó el tablero en pleno juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, un hecho ocurrido en 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano. En un rotundo cambio de estrategia, el músico decidió desplazar a la defensa oficial que lo venía representando y contrató a nuevos abogados particulares, quienes de inmediato solicitaron la suspensión y postergación del debate oral.
La presentación formal fue realizada en las últimas horas por el propio imputado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Mediante este escrito, se oficializó la incorporación de los letrados Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, quienes tomarán las riendas del caso en reemplazo de los defensores públicos Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín.
El argumento para frenar el juicio
Tras asumir la representación legal, la primera medida de la nueva defensa fue pedir formalmente la suspensión y reprogramación del debate oral que había comenzado la semana pasada. Cabe recordar que un pedido similar había sido esbozado por los defensores anteriores (alegando una supuesta desconexión mental del músico) y fue rechazado de plano por los jueces. Por este motivo, el escrito presentado ahora aclara expresamente que la solicitud no busca introducir una dilación indebida ni frustrar la realización del juicio.
Por el contrario, el argumento central radica en la necesidad de contar con un plazo prudencial para que los nuevos profesionales puedan estudiar el expediente en profundidad. Según detalla el documento, el objetivo es que la nueva defensa pueda tomar efectivo conocimiento de la totalidad de las actuaciones, analizar la prueba incorporada, examinar los antecedentes del proceso y diseñar adecuadamente la estrategia, garantizando así un ejercicio real, efectivo y no meramente formal del derecho de defensa.
En la misma línea, los abogados remarcaron que el derecho a un proceso justo exige una defensa que sea materialmente posible, eficaz y que esté dotada del tiempo y de los medios necesarios para la intervención profesional.
A la espera de la resolución judicial
A modo de alternativa, en caso de que los magistrados no acepten suspender el juicio en su totalidad, la defensa pidió que al menos se cancele la fecha acordada actualmente y se reprograme el debate para más adelante.
Ahora, la decisión final quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. Los jueces deberán analizar el planteo de Álvarez y definir en las próximas horas si el proceso judicial continúa bajo el cronograma estipulado o si otorgan la prórroga solicitada por la nueva defensa.