La denuncia fue impulsada por el fiscal Federico Delgado. Es por supuesto “encubrimiento” y “violación de deberes” vinculados a la desaparición de Santiago Maldonado. Apunta a Macri, Bullrich y Garavano, entre otros.
El fiscal Federico Delgado abrió una causa penal impulsada a principios de septiembre por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y el Instituto Arturo E. Sampay, para investigar la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y de las autoridades de Gendarmería Nacional en la desaparición de Santiago Maldonado.
También imputó al Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el Ministro de Justicia, Germán Garavano; a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y a su jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, así como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero.
La causa fue impulsada por el fiscal federal Federico Delgado y recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien se excusó y consideró que debía ser tratada en Esquel, donde se instruían las querellas por el hábeas corpus de desaparición forzada y el expediente por averiguación de paradero de NN, que en primer lugar estuvieron en manos de Guido Otranto y luego quedaron en manos del juez Gustavo Lleral.
Los denunciantes consideran que la figura del encubrimiento entró en juego desde el minuto uno de a desaparición de Santiago Maldonado, a partir de las versiones, afirmaciones, acciones y testimonios de funcionarios del Poder Ejecutivo respecto al sensible caso. “Hubo una negativa cerrada a admitir la intervención de la Gendarmería”, aseguró el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que formuló la demanda.
En el Gobierno minimizan la denuncia. El ministro Garavano monitorea la denuncia, considera que no existen elementos para una acusación de esas características. Desde la cartera de Justicia aseguran que se pusieron a disposición de la familia Maldonado. En el Ejecutivo creen que es política y la vinculan al “lobby” del kirchnerismo con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El expediente busca dilucidar si existió responsabilidad de los funcionarios del Ejecutivo y de la Gendarmería Nacional en el encubrimiento, desde que fue visto con vida por última vez el joven tatuador de 28 años en la Pu Lof Cushamen, el 1 de agosto, durante la protesta mapuche que fue reprimida por la fuerza de seguridad.
Ratificada denuncia penal contra Macri, Bullrich y jefes Gendarmería por encubrimiento desaparición forzada Santiago Maldonado. ni olvido ni
— L A D H (@ligaddhh) September 5, 2017
Para Barcesat, las declaraciones de Bullrich respecto al caso y en defensa de la Gendarmería, tanto en medios de comunicación como en el Congreso, así como las versiones que circularon desde el Gobierno fueron fundamentales para impulsar la demanda. No es un dato para nada menor, teniendo en cuenta las contradicciones de un grupo de efectivos de la fuerza que participó del operativo en la Pu Lof, que podrían apuntar a un presunto ocultamiento de pruebas. Barcesat cree que si eso queda probado se fortalecerá la denuncia por encubrimiento.
El abogado dijo que ese material fue incorporado a la causa. Otro de los hechos clave para el constitucionalista fue la negativa del Gobierno a recibir la colaboración del grupo de expertos, tras un encuentro con Amerigo Incalcaterra, el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Mediante un comunicado, en septiembre el Gobierno había expresado que la investigación que por aquel entonces tenía en sus manos Otranto se estaba “encauzando”. Apenas semanas después, el magistrado era desplazado y reemplazado por Lleral.
Fuente: Big Bang News