Tras el grave accidente que sufrió el pequeño Bastian hace tres semanas, un fallo judicial ordenó el cese inmediato de toda actividad motorizada recreativa en los médanos. La medida alcanza incluso a los sectores de propiedad privada para evitar más tragedias.

La Justicia de Dolores dio un golpe de timón definitivo a la situación en la costa atlántica. El Juzgado Civil y Comercial Nº 4 ordenó la suspensión total de las actividades motorizadas recreativas en la zona de “La Frontera”, en Pinamar. Esta medida prohíbe de forma inmediata el uso de camionetas 4×4, cuatriciclos, UTV y motos en los médanos.

El fallo llega tras un recurso de amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La acción judicial cobró una urgencia renovada tras el gravísimo accidente que sufrió el pequeño Bastian hace tres semanas. El hecho volvió a poner el foco en la peligrosidad extrema de esta zona del norte pinamarense.

La resolución dictada por el juez Félix Adrián Ferrán es tajante en su alcance. Prohíbe pruebas de destreza, competencias informales y cualquier maniobra temeraria que ponga en riesgo la vida. Un punto central del fallo es que la restricción se aplica incluso en los sectores de propiedad privada dentro de los médanos.

El magistrado justificó la medida argumentando que estas prácticas se asocian frecuentemente a siniestros fatales y lesiones irreversibles. El texto judicial enfatiza que niños y niñas son las víctimas más habituales de esta dinámica motorizada. Verano tras verano, estos incidentes ocupan las portadas nacionales por tragedias que la justicia ahora busca evitar.

Martínez Carignano celebró la decisión en sus redes sociales, agradeciendo la “sensatez y valentía” del juez interviniente. Para el demandante, el fallo corta con la lógica de permitir conductas de riesgo manifiesto en la arena. La medida representa un cambio de paradigma en la gestión de la seguridad vial en los centros turísticos.

La Municipalidad de Pinamar queda ahora obligada a garantizar que se respete el cese de estas actividades. Con esta orden vigente, se busca terminar con las “carreras y desafíos” que transformaban a La Frontera en un terreno sin ley. La prioridad, según el juez, debe ser la protección de la integridad física por sobre el esparcimiento motorizado.