El Ministerio de Seguridad extendió el programa que inhabilita los equipos móviles dentro de los penales. La medida invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a este sistema centralizado.
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia para combatir el delito organizado desde los lugares de detención. Este martes se oficializó la extensión del Programa para la Detección y Bloqueo de celulares a los establecimientos penitenciarios de todo el territorio nacional.
La flamante medida fue formalizada a través de la Resolución 806/2026, la cual fue publicada en las primeras horas de la mañana en el Boletín Oficial. El documento legal cuenta con la firma de la actual ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
El propósito central de esta normativa es convocar a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema. De esta manera, el Ejecutivo busca establecer un esquema de control unificado para evitar que los reclusos coordinen actividades ilícitas desde sus celdas.
El mecanismo de bloqueo diseñado por las autoridades nacionales es de carácter integral. La inhabilitación recaerá de forma simultánea sobre la línea telefónica, el identificador único del dispositivo (conocido como IMEI) y el código asociado a la tarjeta SIM (IMSI).
Para que el circuito funcione de manera ordenada, la cartera de Seguridad Nacional actuará como una ventanilla única. Esta dependencia será la encargada exclusiva de recibir las solicitudes jurisdiccionales y de canalizar los reportes hacia las distintas empresas de telecomunicaciones.
En consecuencia, las provincias no tendrán la potestad de ordenar inhabilitaciones de manera directa ante las operadoras telefónicas. Todo el trámite y la articulación de los bloqueos quedará bajo la estricta órbita de la Subsecretaría de Articulación Federal.
Esta iniciativa se apoya en los cimientos de la Ley 24.660, que prohíbe terminantemente el uso de teléfonos en las áreas de acceso restringido. Con esta nueva resolución, el Gobierno logra ampliar una estrategia de seguridad que hasta hace poco tiempo se limitaba únicamente al Servicio Penitenciario Federal.