Tras el reciente revés judicial que reestableció los efectos de la desregulación, legisladores de Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica y bloques provinciales tejen acuerdos para rechazar definitivamente el decreto presidencial. El oficialismo prepara una contraofensiva legislativa.
Luego de que la Justicia dejara sin efecto la medida cautelar que frenaba los alcances del mega DNU 70/2023, la oposición en la Cámara de Diputados pasó a la ofensiva. Legisladores de distintos espacios anunciaron que convocarán a una sesión especial con el objetivo de derogar definitivamente el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
La iniciativa terminó de tomar forma este miércoles, tras un encuentro entre diputados de Unión por la Patria y representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, quienes habían sido los impulsores originales del amparo judicial contra la normativa. Sin embargo, el rechazo a la vigencia del decreto trasciende al bloque principal de la oposición: espacios como Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica ya acordaron lineamientos generales y trabajan a contrarreloj en la búsqueda de los consensos necesarios para garantizar el quórum.
Condicionados por una agenda de viajes internacionales que afectará la presencia de varios legisladores durante la próxima semana, los armadores opositores apuntan al martes 14 de octubre como la fecha clave para abrir el recinto, anticipándose al debate de otros proyectos sensibles en agenda.
“Tenemos una sola bala. Tenemos que hablar con las provincias para ver qué intereses les toca el DNU y hacerlos sentar ese día”, confió una fuente legislativa disidente. La estrategia radicará en unificar reclamos territoriales, capitalizando el malestar por medidas puntuales desreguladas por el decreto, como la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate y otras modificaciones de fuerte impacto en las economías regionales.
El texto cuenta con un antecedente político insoslayable: en marzo de 2024, el Senado ya le había propinado un duro revés al Gobierno al rechazar el decreto con 42 votos a favor de la anulación y 25 en contra. Frente a esta amenaza latente en la Cámara baja, el bloque oficialista evalúa como contraestrategia la presentación de un proyecto de ley específico que busque blindar los efectos jurídicos del DNU, buscando ratificar, entre otros puntos, la eliminación de las restricciones sobre la titularidad extranjera de tierras rurales.